viernes, 17 de mayo de 2019

El derecho de manifestación en #Cuba, a paso de conga


Hace alrededor de una década, el Cenesex (Centro de Educación Sexual, adscrito al Ministerio de Salud Pública) viene realizando en mayo Jornadas contra la Homofobia, que han ido colocando en la opinión pública de Cuba temas que antes fueran tabú, como la homosexualidad, la transexualidad o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es imposible negar u oscurecer la labor de este Centro, y de su directora y líder, Mariela Castro Espín, que han logrado colar en la agenda del gobierno y en nuestro ordenamiento jurídico pinceladas del pensamiento más avanzado en materia de género y sexualidad.
Por solo poner un ejemplo: ¿Quién hubiera pensado que un país pletórico de “machismos ancestrales” y atavismos sociales típicos del subdesarrollo se discutiría, abierta y públicamente, la inclusión en la Carta Magna del derecho de cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, a casarse?
Pues sucedió. Y aunque la victoria fue parcial, puesto que la Constitución no se refirió específicamente a este tema, sí se logró que en sus disposiciones finales se indicara la confección de un nuevo Código de Familia, que será sometido a consulta y a referendo (en la misma manera que el proyecto de reforma constitucional); y que debe saldar, de una vez y por todas, cualquier duda con respecto al pueblo cubano y su capacidad de respeto hacia la diferencia.
Esa nueva Constitución, que entró en vigor el pasado 10 de abril, también reconoció en su artículo 56 los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos. Y ante la noticia de que el Cenesex no convocaría a la tradicional conga que coronaba cada año el 17 de mayo (noticia que fuera amplificada generosamente por todo el mundo), un grupo de “activistas” decidieron realizar ellos mismos una marcha.
La articulación ante ese empeño se hizo evidente: casi todos los medios anticomunistas, que suelen dedicarse a calumniar a Cuba y su gobierno repitiendo en muchos casos el discurso de la más rancia ultraderecha estadounidense, súbitamente se volvieron “proLGBTI” y saludaron con ojos llorosos el “noble” propósito de “desafiar” a la “dictadura” cubana.
La decisión de suspender la conga fue controversial. Se permutó un evento que aliaba a la comunidad LGBTI con la institucionalidad cubana, y que por ende, tributaba a la legitimidad estatal como garante de derechos; por una dinámica “privada” que fue fácilmente secuestrada por los mismos actores antisistema de siempre.
No obstante, se cuestione o no esta decisión, es evidente que existen consideraciones legales que hacer al respecto. El derecho a la manifestación no se reconoce, en ninguna parte del mundo, exenta de límites. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece como limitaciones la protección de la seguridad nacional y el orden público. Nuestra nueva Carta Magna se apega a esta preceptiva internacional, estableciendo como requisitos el respeto al orden público y el acatamiento a las pautas establecidas en la ley.[1]
La doctrina también es conteste en afirmar la necesidad de estos límites. Goig Martínez nos dice que “la libertad de manifestarse, por lo molesta que es, y porque afecta al ejercicio de otros derechos o libertades, debe estar sometida a determinadas limitaciones”[2]. Por su parte, Corzo Sosa plantea: “(…) el ejercicio de este derecho debe realizarse en armonía con nuestra vida en sociedad (…) no puede perturbar el desarrollo normal de nuestra vida diaria.”[3]
Es cierto que la regulación en Cuba es dispersa, y que no existe una ley específica que regule este derecho, lo cual debe ser incluido en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional. Pero eso no exime a los ciudadanos a respetar ese orden público y los agentes de la autoridad estatal encargados de mantenerlo.
Mucha polémica ha suscitado el hecho de que la marcha “independiente” fuera detenida por la policía. La manifestación, que inicialmente partió de una congregación en el conocido Parque de la Fraternidad (principalmente convocada vía redes sociales), partió sin itinerario ni destino preestablecido, desfilando sus casi doscientos participantes a todo lo largo y ancho del Prado habanero. Casi llegando a Malecón, las autoridades urgieron a los manifestantes a no continuar.
Más polémica aún ha causado que fueran detenidos cuatro (o cinco, según algunas fuentes no oficiales) manifestantes, que opusieron resistencia[4] e intentaron continuar con la marcha. Los típicos carteles de “represión” fueron desempolvados y se intentó dibujar una escena de “brutalidad policial”. De más está decir que no se disparó ni un tiro, ni se lanzó gas lacrimógeno, ni se desenfundó tonfa alguna. Los videos del momento muestran a oficiales del Ministerio del Interior, desarmados, conversando con los manifestantes, intentando disuadirlos.
¿El motivo de la negativa de los funcionarios del orden a que continuara la marcha? Pues que aquella manifestación no contaba con autorización oficial, su desfile por Malecón interrumpiría el tráfico y el normal desenvolvimiento de la dinámica urbana, y la falta de organización podría desembocar en una situación que vulnerara el orden público y, por ende, la tranquilidad ciudadana.
Decimos con Goig Martínez que “la exigencia de previa comunicación a la autoridad de la convocatoria de reuniones en lugares de tránsito, lleva aparejada la atribución a la misma de la posibilidad de prohibir la reunión o manifestación en el supuesto de previsible peligro de que vayan a seguirse consecuencias dañosas para las personas y bienes.”[5]
Entre los detenidos, que no fueron procesados ni arrestados aun y cuando el Código Penal vigente reconoce como sancionable el hecho de participar en manifestaciones ilegales[6], destaca el nombre de Ariel Ruiz Urquiola, un biológo que ganó notoriedad por llamar a unos guardabosques “guardias rurales”, ser sancionado por el Tribunal Provincial de Pinar del Río a un año de privación de libertad por desacato y luego liberado por una licencia extrapenal, tras una huelga de hambre con mucha presencia en medios internacionales.
La presencia de este personaje, y de otros como la “periodista” de Ciber Cuba, Ileana Hernández, es evidencia de la presencia en la marcha de la “oposición” y sus deseos de secuestrar la manifestación a favor de sus propósitos. Recordar tan solo que el “afamado” biólogo participó el año pasado en una reunión, celebrada en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, junto a otros excelsos líderes asalariados de la contrarrevolución como Berta Soler y Antonio Enrique González Rodiles.
Es cierto que, quizás, se pudo haber intentado otro enfoque ante la inexorable convocatoria a la marcha, que incluso medios internacionales (opuestos al sistema socialista cubano) han coincido en determinar como “ilegal”.[7] Villagómez nos habla de la prohibición como recurso de “ultima ratio”, debiéndose antes optar (en la medida de lo posible) por medidas simplemente restrictivas, como proponer la modificación del lugar, fecha, hora, duración o itinerario previsto.[8]
Pero desde el inicio, la marcha se concibió como reacción a la “intolerancia estatal”, como movimiento de la “sociedad civil independiente”, sin hacer siquiera el intento de entablar negociaciones con la autoridad pública. ¿O es que acaso se olvida ya la sonada marcha contra el maltrato animal que se realizara, sin convocatoria de ninguna institución estatal pero con autorización del gobierno municipal?
¿Hubo entonces algún problema con la policía? Y es que, contando con la autorización oficial, los manifestantes que exigían una Ley de Protección Animal podían esgrimir las garantías que el ordenamiento jurídico brinda a las manifestaciones lícitas. [9]
Es común que cualquier error o decisión cuestionable del gobierno cubano sea sometida al escrutinio internacional y al más cruento vituperio. Y es casi cotidiano que se magnifiquen hechos como este.
Pero lo cierto es que Cuba no es, ni por asomo, el único país que requiere autorización para manifestaciones públicas. En la Europa que suele ser punto de origen para las más acerbas críticas en materia de derechos humanos en la isla, también existen estos requisitos legales. Por solo poner un ejemplo: en Francia rechazan cientos de peticiones de manifestaciones todas las semanas y está terminantemente prohibido organizar una agrupación sin el acuerdo escrito de la Prefectura de Policía[10]. La petición tiene que hacerse “al menos un mes antes de la fecha de la manifestación” y “este plazo será de tres meses como mínimo si el evento proyectado agrupará a mucha gente”.
Además, “cada petición debe llevar toda la información útil sobre el organizador (persona física o jurídica) y sobre la manifestación (naturaleza, fecha, lugar, horario, número de participantes…)”.
Cuando se infringe esta normativa, la respuesta no es tan pacífica como la de la Policía Nacional Revolucionaria. Durante el verano 2014, Francia fue el único país del mundo que prohibió las manifestaciones de solidaridad con Palestina tras la mortífera agresión de Israel contra Gaza. La policía dispersó violentamente a los manifestantes y procedió a decenas de detenciones. La justicia sancionó severamente a varias personas por violar la prohibición.[11]
Pero nosotros somos la dictadura, claro está. Nosotros reprimimos brutalmente a los pacíficos manifestantes. Cuba es la prisión de hierro de todas las libertades humanas. ¿Les suena conocida esa canción? Quizás para el próximo año, la toquen con ritmo de conga, vistiendo chalecos amarillos. ¿Quién sabe?
[1]En concordancia con esto, el artículo 45 constitucional regula que: “El ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes.”
[2] Goig Martínez, Juan Manuel: “El «molesto» derecho de manifestación”. En Revista de Derecho UNED, núm. 11, 2012
[3] Corzo Sosa, Edgar: “Derecho humano de manifestación pública: limitaciones y regulación” En https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/8.pdf
[4] Código Penal cubano, artículo 143.1.- El que oponga resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.
[5] Goig Martínez, Juan Manuel: ob. cit.
[6] Código Penal cubano, artículo 209.1.- El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres meses o multa hasta cien cuotas.
[7] Por solo poner algunos ejemplos, están los artículos de DW, BBC y EFE:
[8] Villagómez, Alfonso: “¿Qué límites al derecho de manifestación?”
[9] Código Penal cubano, artículo 292.1.- Se sanciona con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas al que, con infracción de las disposiciones legales:
  1. a) impida que una asociación lícita funcione o que una persona pertenezca a ella;
  2. b) impida la celebración de una reunión o manifestación lícita o que una persona concurra a ellas;
  3. c) impida u obstaculice que una persona dirija quejas y peticiones a las autoridades.
  4. Si el delito se comete por un funcionario público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.
[10] Préfecture de Police de Paris, « Manifestation sur la voie publique ou sur tout espace ouvert au public», Ministère de l’Intérieur. http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Securite-et-accessibilite-des-batiments/Manifestation-sur-la-voie-publique-ou-tout-espace-ouvert-au-public

Por: Michel E. Torres Corona
Tomado de:  https://aucaencayohueso.wordpress.com/2019/05/17/el-derecho-de-manifestacion-en-cuba-a-paso-de-conga/#more-39402

miércoles, 15 de mayo de 2019

Imaginación manipuladora.



Mercenarios artemiseños han desarrollado su imaginación para cumplir con las exigencias de sus patronos, todos cómodamente radicados en Miami y financiados por agencia gubernamental norteamericana. Los asalariados Augusto Hernández, Anairsis Gómez y Pablo Llovera firman los trabajos publicados, en todos los casos noticias falsas, pero que encajan perfectamente en la línea editorial de los exigentes cipayos radicados en el exterior. 

En "Solo hay galletas en Cuba en el mercado negro", fechado el 4 de mayo, se denuncia que los trabajadores de la Fábrica "La Cary" venden ilegalmente las galletas producidas por la cerca perimetral trasera; citan dos vecinos como testigos que nadie conoce en los alrededores de la instalación; mencionan una protesta en el lugar que tampoco nadie presenció. Lo curioso es que esa fábrica no produce desde el pasado 9 de marzo, por limitaciones en la asignación de combustible.

“Intoxicación masiva en Cuba por carne putrefacta” fue publicado el pasado 10 de mayo, y refería que “un número de artemiseños”, sin aportar cifra exacta o aproximada, que habían “comprado masa cárnica en el mercado estatal El Ideal”, había resultado intoxicado. En concreto solo mencionan a una ciudadana que se “enfermó”, la nombran Sahili, sin otros datos. Las autoridades sanitarias del municipio cabecera provincial aseguran que durante el mes no se ha atendido ningún evento de intoxicación colectiva por ingestión de alimentos. El artículo concluye con una interrogante muy “académica?”: “¿Quién acusa al gobierno de dispersar epidemias?”.

El más reciente artículo lo titularon “Comunidad costera cubana, sigue inundada, luego del último temporal”, publicado hoy 15 de mayo, y hace referencia a que “residentes de Playa Guanímar presentaron quejas en el gobierno provincial, tras  sentirse “abandonados por el gobierno municipal ante las penetraciones del mar (del 19 de abril)”, sosteniendo la persistencia de inundación en el caserío, desde entonces. Invito a mis lectores a que se lleguen por Guanímar o contacten a alguno de los residentes en aquella Playa, y podrán constatar que no existe inundación alguna en la zona, donde ni siquiera ha llovido en los últimos días. Los pobladores de Playa Guanímar siempre han sido evacuados en ocasión de penetraciones del mar, atendiendo a su comportamiento, que se monitorea desde los puntos de observación en el lugar. Es otra falaz mentira lo que sostienen.

Sospecho que se ha registrado un alza del índice bursátil de las fake news en la Bolsa de Valores de La Florida, y como siempre aparecen los ventajistas del patio, pretendiendo vender su país y los destinos de su pueblo.

martes, 7 de mayo de 2019

¿Quién define la agenda editorial del ICLEP?


En junio de 2012, Normando Hernández González, cubano radicado en EE.UU., presentó el proyecto “Promoción del periodismo ciudadano: oportunidades para el cambio en Cuba”, en evento convocado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés); del que surgió el proyecto Instituto Cubano por  la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Según entrevista realizada al flamante directivo del ICLEP, publicada en enero de 2015 por Diario de Cuba, sitio web igualmente financiado por la NED y conocido componente de la plataforma subversiva anticubana,  el principal objetivo del proyecto era “crear medios de comunicación comunitarios en la Isla,  enfocados en los problemas de la sociedad donde se editan y distribuyen, por lo que los temas sociales son los que predominan".

Curiosamente desde enero del actual año el centro de atención se desplazó hacia Venezuela, minimizando el tema Cuba, su principal objetivo de ataque; comportamiento que reiteró durante el pasado fin de semana.


¿Quién define la agenda editorial del ICLEP? Un amigo me convenció de que siguiendo la ruta del dinero podría descubrir  los verdaderos decisores en materia de la actividad contra Cuba, y ese camino me lleva a la NED, presentada por Wikipedia como “organización estadounidense fundada en 1983 a iniciativa del Congreso para financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo”, aunque omite, "observando" las reglas sagradas de la libertad de expresión y prensa, las múltiples denuncias públicas de diferentes gobiernos sobre el papel desestabilizador de tal agencia en todo el mundo.